SOBRE LA PROXIMA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS

A pesar de que aún no tenemos el texto definitivo de la próxima Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de Costas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha publicado lo que van a suponer los cambios más importantes respecto a la protección del litoral.

Y es que, desde sus análisis, existen más de 23.000 ocupaciones no residenciales, más de 10.000 viviendas en dominio público y más de 1.700 ocupaciones industriales que están bajo la influencia de esta normativa.

Sólo en Andalucía, se habla de más de 40.000 empleos que pueden estar afectados.

En el contexto de crisis actual y de serias dificultades en el mercado inmobiliario, el Gobierno Central ve necesaria una nueva ordenación con el declarado objetivo de calmar la incertidumbre y la inseguridad jurídica que muchas de las actuaciones llevadas a cabo en un pasado no muy lejano, ha suscitado tanto en ciudadanos como en empresas.

Los objetivos que se marcan desde el Ministerio son tres:

  1. Reforzar la protección del litoral, conciliándola con actividades económicas sostenibles y con el uso común y gratuito del dominio público: sobre todo, a través del refuerzo en la prohibición de nuevas edificaciones y en la negativa a la mejora de las existentes si éstas suponen aumento de volumen, altura o superficie.
  2. Reforzar la seguridad jurídica en el litoral: básicamente a través de la clarificación del alcance de dominio público y de la situación de las urbanizaciones marítimo-terrestres, y, garantizando al ciudadano el acceso a la información sobre sus propiedades o derechos.
  3. Generar confianza y certidumbre para las ocupaciones actuales de la costa y la actividad económica: aumentando el plazo de las concesiones a un máximo de 75 años, y ampliando el plazo máximo de las autorizaciones de 1 a 4 años.

Además, se tratan otros aspectos claves como:

La cláusula Anti-Algarróbico (por el Hotel El Algarróbico en la Costa del Sol y tristemente famoso por convertirse en un icono de destrucción de costa), por la que el Gobierno tiene la facultad de suspender en vía administrativa los acuerdos locales que puedan afectar a la integridad del dominio público marítimo-terrestre.

Se diferencian las actuaciones de las playas urbanas (mayor necesidad de servicios y uso más intenso) y las playas naturales,  que verán protegidos sus valores ambientales, restringiendo las ocupaciones.

Se regulan ciertos casos especiales en núcleos históricamente consolidados, determinadas salinas y cultivos marinos, así como los polémicos paseos marítimos.

Los expropiados surgidos de la Ley de Costas de 1988 a los que se les privó de sus bienes, y vieron su compensación en concesiones de uso de 30 años, con la nueva Ley ven ampliada esta horquilla hasta los 75 años, y con la posibilidad de transmitir esas concesiones. Y es que, sólo en el año 2.018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, que obligaría a su inmediata demolición.

Además, se dota de seguridad jurídica cualquier adquisición de inmueble por parte de un ciudadano, para evitar que después de comprarlo tenga la desagradable sorpresa de comprobar que no es propietario por estar su bien afectado por un deslinde del dominio público. Esta situación, intenta mejorar la imagen de cara a inversores extranjeros y dar salida al stock de vivienda.

Y es que, parece que ahora que el mercado nacional está en claro descenso y con graves dificultades para absorber el stock de vivienda el Gobierno Central busca nuevas certezas para dar soporte a sus acciones comerciales en el extranjero destinadas a colocar el stock de viviendas existente en costa e interior, y facilitar, de este modo, las inversiones inmobiliarias en el país.

Con lo que, parece que más que intentar paliar las situaciones flagrantes contra el medio ambiente y el dominio público acometidas en zonas de especial protección, ahora se prioriza su salida comercial al mercado.

Esta amnistía encubierta produce así una contradictoria sensación, ya que, si bien es más que evidente que existen muchos hogares que han sido cruelmente engañados, deslindes arbitrarios y negocios que cerrarían su persiana definitivamente sin este perdón para todos, no es menos cierto que parece concederse una amnistía general que confirma la incapacidad de actuación contra los verdaderos elementos cancerigenos que han producido esta situación, incentivando que alemanes, franceses o cualquier otro compatriota europeo con euros suficientes a su disposición, compre su vivienda con vistas en primera línea de playa.

En cualquier caso, analizaremos el documento final resultante y comprobaremos el alcance de estos extremos.

Más información:

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-gobierno-da-luz-verde-al-proyecto-de-ley-de-protecci%C3%B3n-y-uso-sostenible-del-litoral-y-de-modificaci%C3%B3n-de-la-ley-de-costas-/tcm7-223892-16

http://www.abc.es/20121005/sociedad/abci-claves-costas-201210051624.html

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