Ni los mismos jueces se ponen de acuerdo. Es cierto que los jueces aplican normas no tienen porqué creerlas. Pero es una muestra más de la cruda realidad de una sociedad en la que el drama de las ejecuciones hipotecarias se extiende como la pólvora.
Y es que con unas cifras que rozan el descalabro y la quiebra social en lo que a desahucios se refiere, hay un grupo de 7 jueces que han realizado un informe en el que proponen 18 medidas para cambiar el sistema de desahucios y paliar estas penosas situaciones.
Las medidas pueden ser criticadas, mejoradas, infravaloradas o simplemente leídas sin pasión. Sin embargo, el máximo órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue el que encargó el informe, es quien ahora dice que ni lo estudiará, que no debatirá su contenido y que, en ningún caso, lo asumirá como propio.
Y eso que fue el pasado marzo cuando el mismo CGPJ dio la orden de realizar el informe a un grupo de seis magistrados y a un vocal del CGPJ , para que estudiaran diferentes maneras de resolver el colapso en el procedimiento civil, que es el más saturado de todos.
Este es el contenido de la propuesta:
18 medidas contra el drama de los desahucios
- Determinar el concepto de deudor hipotecario de buena fe para aplicarle medidas excepcionales en la materia, siempre y cuando sean sólo afectados por ejecuciones en vivienda habitual o locales de negocio.
- Elevar el umbral de exclusión que establecía el Código de Buenas Prácticas del Gobierno
- Dación en pago imperativa en algunas circunstancias reguladas.
- Seguir las directrices marcadas por el Defensor del Pueblo en cuanto al establecimiento de un régimen especial en el caso de desahucios en vivienda habitual o local de negocio
- Los intereses por mora no podrán superar 2,5 veces el interés legal del dinero
- El procedimiento de ejecución hipotecaria debería tratarse como un procedimiento de ejecución ordinaria, con lo que, se aumentarían los motivos de oposición como el pago, la nulidad, la prescripción etc
- Cuando concurran circunstancias especiales, el juez podría acordar moratorias que dejen en suspenso el pago de cuotas hipotecarias
- Se debería redefinir la cláusula que permita suspender las obligaciones del deudor en casos de fuerza mayor
- La tasación de las viviendas debería hacerse por expertos independientes
- Se debería elevar del 60% el valor de tasación por el que un banco puede adjudicarse el bien, ya que, es notoriamente inferior al real.
- Establecer periodos de carencia en la amortización de capital de forma obligada y no voluntaria de los bancos
- Se debería potenciar la subasta de los inmuebles por Internet para mejorar las adjudicaciones y el número de demandantes.
- Regular un procedimiento concursal específico para personas físicas que puedan paralizar ciertas ejecuciones
- Regular y ampliar los casos en los que el deudor puede seguir usando su vivienda a cambio de un canon o cualquier otra formula jurídica
- Limitar gastos en caso de mora
- Ampliar la posibilidad de que el deudor pueda poner fin a la ejecución pagando las deudas y rehabilitando el préstamo
- Se debería producir obligatoriamente una mediación previa o simultánea en los procesos de ejecución hipotecaria
- Se debería potenciar las soluciones negociadas a través de la organización de comisiones mixtas entre Administración, banca y consumidores.
Así, lo que podría haberse convertido en un debate jurídico al más alto nivel, ha quedado en un informe crítico con un sistema extremadamente agresivo del procedimiento español de ejecución hipotecaria, creado en 1909 para dar gusto a los bancos.
De nada sirven los cuidados meramente paliativos de la enfermedad arbitrados por la Administración o diferentes organismos vinculados a los temas sociales, y parece mas que demostrado que no se puede confiar sólo en la buena voluntad de las entidades de crédito, es hora de que los políticos (en su función de legisladores) ataquen de una vez la raíz del problema acometiendo las reformas legislativas que la sociedad demanda. Es la hora de ayudar a las personas, máxime cuando son esas personas las que están soportando la ayuda a la banca en forma de endeudamiento público o directamente en déficit público como en 2011, cuando las ayudas a algunas entidades bancarias intervenidas no ha podido recuperarse por el erario público.
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